Es un organismo corporativo de participación comunitaria, creado por la Ley, cuya finalidad es la de mejorar la Administración y la prestación de servicios públicos , asegurando la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos locales en los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes.

En cada una de las comunas y corregimientos habrá una Junta Administradora Local de elección popular integrada por el número de miembros que señala la ley. Sus funciones consisten en:

1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social, y de obras públicas.
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.
3. Formular propuestas de inversión ante las distintas autoridades encargadas de la elaboración de los planes de inversión.
4. Distribuir las partidas que la ley asigne en el presupuesto municipal.
5. Presentar proyectos de acuerdo al Concejo Municipal, relacionados con el objeto de sus funciones.
6. Recomendar la aprobación de determinados impuestos y contribuciones.
7. Promover, en coordinación con las diferentes instituciones cívicas y juntas de acción comunal, la activa participación de los ciudadanos en asuntos locales.
8. Fomentar la micro-empresa, famiempresa, empresas comunitarias de economía solidaria, talleres mixtos, bancos de tierra, bancos de maquinaria y actividades similares.
9. Colaborar con los habitantes de la COMUNA o corregimiento en la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, tales como: Derecho de Petición y Acción de Tutela.
10. Elaborar ternas para el nombramiento de Corregidores.
11. Ejercer las funciones que les delegue el Concejo y otras autoridades locales.
12.Rendir concepto acerca de la conveniencia de las partidas presupuestales solicitadas a la administración o propuestas por el Alcalde, antes de la presentación del proyecto de inversión y presupuesto anual al Concejo Municipal.
13. Presentar planes y proyectos de inversión social relativos a su jurisdicción.
14. Convocar y celebrar las audiencias públicas que consideren convenientes para el ejercicio de sus funciones.
15. Celebrar al menos dos cabildos abiertos por período de sesiones.
16. Distribuir partidas globales con sujeción a los planes de desarrollo del Municipio, atendiendo a las necesidades básicas insatisfechas en su corregimiento o comuna, garantizando la participación ciudadana.

A. Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia participativa.
B. Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia.
C. Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad.
D. Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus actividades.
E. Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario.
F. Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo.
G. Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario para lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o internacionales.
H. Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que fortalezcan la identidad comunal y nacional.
I. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo.
J. Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y del medio ambiente consagrados en la Constitución y la ley.

Entre otros Objetivos incluidas en la Ley 743 de 2002. (Reglamentación: Decreto 1930 de 1979, Decreto 300 de 1987, Decreto 2726 de 1980 y las Resoluciones 2070 de 1987, 759 de 1996, 110 de 1996 y 652.)

Los principios que rigen la Acción Comunal incluyen el reconocimiento de la diversidad y el respeto a la diferencia, la valoración de la agrupación organizada de personas, la construcción de identidad cultural, sustentabilidad, equidad y justicia social, y la promoción de la solidaridad, capacitación, organización y participación.

Los mecanismos de participación comunitaria incluyen las Juntas de Acción Comunal, corporaciones cívicas sin ánimo de lucro que se componen de vecinos de un barrio o sector, y se rigen por la Ley 743 de 2002. Los requisitos de afiliación incluyen ser persona natural, residir dentro del radio de acción, tener más de 14 años y presentar documento de identidad.

Hay diversos frentes de participación y gestión, tales como participación en los planes de desarrollo, en temas de salud, servicios públicos domiciliarios, desarrollo rural y medio ambiente, y actividades para jóvenes y la tercera edad. Cada frente tiene sus propios mecanismos y organismos para la participación ciudadana.

La participación y gestión se logran a través de diversos medios, como la participación en consejos y comités, mesas de trabajo, juntas asesoras, comisiones locales, entre otros, dependiendo del ámbito de interés, como seguridad, política, convivencia, educación, deportes, entre otros.

Participar en participación y gestión implica involucrarse activamente en procesos de planeación y ejecución de proyectos comunitarios. Este enfoque renovador fomenta el encuentro comunitario, revitaliza liderazgos y busca consensos que beneficien a la comunidad, atendiendo a las necesidades prioritarias y mejorando la calidad de vida.

Los mecanismos de participación política incluyen el voto, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, revocatoria del mandato e iniciativa legislativa. Cada uno permite a los ciudadanos participar directa o indirectamente en decisiones políticas a nivel local, regional o nacional.

Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana y abarcan tanto derechos individuales como sociales necesarios para una vida digna. En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido ciertos derechos sociales como fundamentales, garantizando una vida digna para todos.